Este año siguen sin ser ejecutados los $ 135 millones pautados
El plan de saneamiento del río más contaminado de la Argentina sigue demorado. A los nuevos plazos impuestos por un crédito internacional que permitirá financiar parte de las obras necesarias, se suma la ineficiencia en el uso de los recursos por parte del Estado nacional.
Es que, aunque suene increíble, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de que durante lo que va del año la Autoridad de cuenca encargada del saneamiento del río no ejecutó un solo peso del presupuesto. Y el año pasado apenas se gastó el 35 por ciento de lo que se había calculado en el ejercicio.
"En el ejercicio 2009, el programa de saneamiento incrementó su presupuesto en el 70%, a 135.400.000 de pesos. Sin embargo, devengó una suma de cero pesos, es decir una subejecución del ciento por ciento", señala el informe de la AGN que pudo observar LA NACION.
Cabe recordar que, hace nueve meses, la Corte ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y estableció plazos para concretarlo. "No se hace nada y encima el organismo que debe realizar los trabajos subejecuta presupuestos y no se sabe bien por qué", dijo a LA NACION Hugo Buisel Quintana, secretario general de la Asociación de Personal de Organismos de Control, entre los que se encuentra la AGN.
"La única condición para limpiar el Riachuelo es que haya decisión política. Se hizo en otros lugares del mundo, en países como Brasil y Colombia. Es la peor asignatura pendiente que tiene la política argentina con cinco millones de habitantes", agregó.
Según explican en la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular, Homero Bibiloni, preside la Autoridad de Cuenca para realizar la limpieza, la subejecución obedece a la demora de "procesos burocráticos".
"Durante 2007 y 2008 se subejecutó. El origen del problema fue la instrumentación de algunos programas por cuestiones administrativas. Después de que asumió Bibiloni, prácticamente puso en marcha el 10%", explicó Francisco Misson, director ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Audiencia
"Este año se realizó una audiencia con la Presidenta (Cristina Kirchner) en la que se le presentaron las obras que se van a hacer. Hay trabajos que están por empezar de inmediato, por ejemplo, las obras de cloacas en La Matanza por 190 millones de pesos", agregó el funcionario.
Otro de los trabajos que comenzarían en el corto plazo son los que realizarán cooperativas de trabajadores (que administran los municipios) para desmalezar las riberas de 15 arroyos afluentes del Riachuelo. "Esta primera etapa cuenta con unos 25 millones de pesos de inversión", dijo Misson.
El dinero que iba a ingresar por un préstamo internacional que el Gobierno había prometido para este mes, se prorrogó, por lo menos, hasta octubre. Se trata de los 840.000.000 de dólares del préstamo que otorgará el Banco Mundial para la construcción de un gran colector cloacal en la margen izquierda del Riachuelo y que desembocará en el Río de la Plata.
"El préstamo ya fue pre aprobado. Suponemos que a fines de este mes tendremos el visto bueno. En octubre o noviembre comenzará a ejecutarse. Mientras tanto, avanzamos con recursos propios", dijo el funcionario.
Aunque cabía la posibilidad de que el crédito fuera ejecutado por la empresa estatal Agua y Saneamiento (AySa), bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, se aclaró que sólo una parte estará a cargo de ese organismo. La mayor parte del dinero será administrado por la Acumar.
En tanto, el segundo tramo del préstamo, de 1.160.000 dólares para la construcción de un colector en la margen izquierda podría ser utilizado para otras obras.
La última resolución del juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó presentar un nuevo cronograma, con plazos más cortos, para el control efectivo de los efluentes industriales. Ya el año pasado había solicitado una organización estructurada para la realización de inspecciones, así como la puesta en marcha de la estructura administrativa necesaria para llevarla a cabo.
Según indicaron en la Secretaría, al momento se están capacitando a 30 inspectores. Cabe recordar que la ex secretaria Romina Picolotti había incorporado a 92. La sede de la Acumar sólo se construirá o se conseguirá cuando llegue el préstamo internacional.
Lo que no se hizo
· Industrias: todavía no se inspeccionó la totalidad de las empresas ubicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo.
· Situación sanitaria: no hay acciones significativas para la atención sanitaria de los más de 2 millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación.
· Contaminantes: según un informe de Greenpeace, se detectaron altos niveles contaminantes en el agua, como el nonilfenol, que daña el sistema reproductivo; el exaclorociclohexano, que es cancerígeno; clorobencenos, que provoca alteraciones en el hígado, los riñones y el sistema nervioso; tolueno, que afecta el cerebro y los riñones; y cloroformo y herbicidas.
lunes, 26 de julio de 2010
sábado, 24 de julio de 2010
Saneamiento del Riachuelo
Conocidos políticos porteños, junto con organizaciones ambientalistas que generan conciencia ecológica y nutren con profusa información tendenciosa a las redes sociales, continúan despotricando acerca de las consecuencias que podría tener para el medio ambiente la explotación minera a cielo abierto, mientras conviven con el paisaje de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo.
Ningún dirigente preocupado por el futuro de los glaciares levanta la voz en el Parlamento, o en la rutina mediática, por la suerte de más de cuatro millones de personas que habitan una zona donde el 60% de la población carece de cloacas y el 40% no tiene agua potable. Tampoco sobre la polución de las 15.000 industrias contaminantes que arrojan al cauce tóxicos como mercurio y cromo y menos observan los 230 basurales que no tienen ningún tipo de saneamiento.
Ningún gobernante nacional, de la ciudad autónoma, o bonaerense -las tres jurisdicciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo- avanzó en las promesas de mejorar el ambiente y frente a esa frustración histórica debió intervenir la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2008, a pedido de vecinos afectados. Desde entonces existe una morosidad irritante en el cumplimiento de lo ordenado, de manera que el Alto Tribunal ha debido insistir y amenazar a los responsables con denuncias penales.
Si bien la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800.000 metros cúbicos de basura flotante, las ONG que monitorean la orden judicial denunciaron una lentitud exasperante que va más allá de los perjudicados directos, ya que la limpieza de la cuenca debe hacerse a lo largo de 70 kilómetros, con una superficie de 2240 Km.2, donde existen mas de siete millones de habitantes. Es decir, el Riachuelo es sólo una pequeña parte de la gigantesca contaminación que no observan los glaciólogos ni los cineastas ideológicos.
Es tan lenta la tarea de Acumar, que hasta ahora sólo inspeccionó el 29% de las industrias contaminantes y ni una sola inició su reconversión, que es fundamental, ya que los derrames industriales son los que más impactan en la salud de la población. Tampoco se asiste sanitariamente a los habitantes, como los que beben agua de napas contaminadas. Y, sin ir más lejos, el embate antiminero debería mirar el Río de La Plata, origen del agua potable y resumidero de los efluentes porteños.
Ningún dirigente preocupado por el futuro de los glaciares levanta la voz en el Parlamento, o en la rutina mediática, por la suerte de más de cuatro millones de personas que habitan una zona donde el 60% de la población carece de cloacas y el 40% no tiene agua potable. Tampoco sobre la polución de las 15.000 industrias contaminantes que arrojan al cauce tóxicos como mercurio y cromo y menos observan los 230 basurales que no tienen ningún tipo de saneamiento.
Ningún gobernante nacional, de la ciudad autónoma, o bonaerense -las tres jurisdicciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo- avanzó en las promesas de mejorar el ambiente y frente a esa frustración histórica debió intervenir la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2008, a pedido de vecinos afectados. Desde entonces existe una morosidad irritante en el cumplimiento de lo ordenado, de manera que el Alto Tribunal ha debido insistir y amenazar a los responsables con denuncias penales.
Si bien la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800.000 metros cúbicos de basura flotante, las ONG que monitorean la orden judicial denunciaron una lentitud exasperante que va más allá de los perjudicados directos, ya que la limpieza de la cuenca debe hacerse a lo largo de 70 kilómetros, con una superficie de 2240 Km.2, donde existen mas de siete millones de habitantes. Es decir, el Riachuelo es sólo una pequeña parte de la gigantesca contaminación que no observan los glaciólogos ni los cineastas ideológicos.
Es tan lenta la tarea de Acumar, que hasta ahora sólo inspeccionó el 29% de las industrias contaminantes y ni una sola inició su reconversión, que es fundamental, ya que los derrames industriales son los que más impactan en la salud de la población. Tampoco se asiste sanitariamente a los habitantes, como los que beben agua de napas contaminadas. Y, sin ir más lejos, el embate antiminero debería mirar el Río de La Plata, origen del agua potable y resumidero de los efluentes porteños.
jueves, 22 de julio de 2010
El 93% de las industrias radicadas en la Cuenca continúa sin empadronarse
Más de 18 mil empresas de la Cuenca Matanza-Riachuelo no están empadronadas. El dato lo confirmó la ACUMAR, y adelantó que en 120 días culmina la inscripción. A partir de ahí, comenzarán a aparecer las multas.
Un dato no menor. Y su confirmación genera escalofrío entre los ambientalistas.
Más de 18 mil empresas ubicadas a la vera del Riachuelo no figuran en los padrones de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), y se informó que al momento sólo hay registradas menos de dos mil. Si el 28 de septiembre las industrias no están registradas aseguran que serán multadas.
El empadronamiento es obligatorio, y una vez cumplido el plazo, se aplicarán multas a aquellas compañías que no cumplan con la resolución 110/2010. Pero lo sorprendente del caso, es que a lo largo de la Cuenca se encuentran radicadas más de 20 mil industrias que arrojarían sus desechos a la Cuenca.
Al momento -se informó- solo 1.500 empresas están empadronadas en los 14 distritos que conforman la Cuenca. 'El objetivo del empadronamiento es contar con una base de datos para saber cuántas empresas tenemos en la Cuenca. A partir de allí, identificaremos si hay agentes contaminantes', destacaron desde ACUMAR.
El empadronamiento -informaron- debe realizarse por Internet, a través del 'Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo' (SICMAR), que consiste en un proceso online orientado a satisfacer las necesidades en materia de gestión y control de empresas y establecimientos bajo la órbita de la Ley 26.186.
Hay que ingresar al sitio web del SICMAR (www.sicmar.gov.ar), completar los formularios electrónicos puestos a disposición y enviarlos por Internet a ACUMAR, según instrucciones y procedimientos establecidos en el 'Instructivo Sistema SICMAR – Usuario Establecimiento'.
El sistema empadronará establecimientos mediante un alta temprana vía Internet, emitirá una clave única y digitalizada a las industrias y generará formularios electrónicos de declaraciones juradas de manera online.
Un dato no menor. Y su confirmación genera escalofrío entre los ambientalistas.
Más de 18 mil empresas ubicadas a la vera del Riachuelo no figuran en los padrones de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), y se informó que al momento sólo hay registradas menos de dos mil. Si el 28 de septiembre las industrias no están registradas aseguran que serán multadas.
El empadronamiento es obligatorio, y una vez cumplido el plazo, se aplicarán multas a aquellas compañías que no cumplan con la resolución 110/2010. Pero lo sorprendente del caso, es que a lo largo de la Cuenca se encuentran radicadas más de 20 mil industrias que arrojarían sus desechos a la Cuenca.
Al momento -se informó- solo 1.500 empresas están empadronadas en los 14 distritos que conforman la Cuenca. 'El objetivo del empadronamiento es contar con una base de datos para saber cuántas empresas tenemos en la Cuenca. A partir de allí, identificaremos si hay agentes contaminantes', destacaron desde ACUMAR.
El empadronamiento -informaron- debe realizarse por Internet, a través del 'Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo' (SICMAR), que consiste en un proceso online orientado a satisfacer las necesidades en materia de gestión y control de empresas y establecimientos bajo la órbita de la Ley 26.186.
Hay que ingresar al sitio web del SICMAR (www.sicmar.gov.ar), completar los formularios electrónicos puestos a disposición y enviarlos por Internet a ACUMAR, según instrucciones y procedimientos establecidos en el 'Instructivo Sistema SICMAR – Usuario Establecimiento'.
El sistema empadronará establecimientos mediante un alta temprana vía Internet, emitirá una clave única y digitalizada a las industrias y generará formularios electrónicos de declaraciones juradas de manera online.
martes, 20 de julio de 2010
Intiman a ACUMAR a avanzar en el saneamiento de un parque industrial
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a avanzar en el saneamiento ambiental del polo curtiembrero ACUBA, ubicado en la localidad bonaerense de Lanús, y ordenó se inicie una causa penal para que se investigue a los responsables de los basurales y desarmaderos ilegales, entre otras irregularidades, existentes en ese parque industrial.
La medida fue dispuesta en el marco de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza” (por contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo), delegada por la Corte Suprema de Justicia a aquel juzgado.
En concreto, el magistrado solicitó a ACUMAR que, en 30 días, presente “una solución única, sustentable, viable, perdurable en el tiempo y que contenga la realización de todos los estudios y acciones que dictaminen el caudal de efluentes y toda otra circunstancia de interés, para implementar finalmente la solución integral de la cuestión industrial curtidora del partido de Lanús y sus alrededores, esto es, la puesta en marcha de la planta ACUBA”.
El predio es de propiedad de la provincia de Buenos Aires y está destinado a la implementación de una planta regional de tratamiento de residuos industriales, en donde deben ser trasladadas todas las curtiembres de Lanús.
Una vez cumplido aquel requerimiento, Armella le pidió a ACUMAR que notifique a cada una de las empresas abarcadas por el “proyecto ACUBA” que en lo sucesivo deberán adecuarse a lo decidido y agregar en sus emprendimientos el gasto necesario para la protección del ambiente y ejecutar las medidas necesarias para el saneamiento ambiental, y que acelere “notoriamente” las inspecciones sobre industrias no incluidas en el proyecto, para determinar si son susceptibles de ser declaradas o no agentes contaminantes.
En tanto, el juez intimó al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, para que “arbitre los medios suficientes para que las fuerzas de seguridad de la misma provean inmediatamente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la atención de las medidas de seguridad que resulten menester en el marco de la ejecución de los propósitos que el ‘Plan ACUBA’ requiere; debiéndose proteger todo el predio y evitando toda situación obstaculizadora de las obras y acciones, a través del apoyo logístico y de prevención que los Organismos de Seguridad de esa Provincia deben brindar, con la afectación de los recursos humanos y materiales acordes”.
Asimismo, sostuvo, corresponde ampliar dicho requerimiento para todas las medias y acciones que se adopten en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, en virtud de los esfuerzos necesarios y conducentes para el logro del fin último e impostergable, ordenado por nuestro Máximo Tribunal”.
En la resolución, Armella destacó la presentación realizada por ACUMAR, donde relató que, en mayo último, inspectores se hicieron presente en la obra para constatar los trabajos que se estaban realizando (construcción de un muro perimetral), oportunidad en la que un grupo de vecinos, encabezados por el Sr. Marcelo Rodríguez, los increpó agrediéndolos físicamente.
Añadió ACUMAR que la contratista no ha podido comenzar con una serie de obras, “encontrándose el avance de la obra en cuestión, librada a la voluntad de los vecinos del barrio/asentamiento ACUBA 2009, representados por el Sr. Marcelo Rodríguez, quien en diversas oportunidades ha paralizado la obra con distintos reclamos, acrecentando día a día sus pretensiones, y provocando un retraso considerable en dichas obras, que impiden a la contratista, y por ende a la Autoridad de Cuenca, cumplir con los plazos establecidos para la finalización de la obra”.
Ante ello, el magistrado dijo que “resulta intolerable que la Autoridad de Cuenca escude los continuos incumplimientos de hecho y de derecho, a través del deslinde de responsabilidades en otros organismos, o como en el caso excusando los impedimentos para el avance de la obra en cuestiones fácticas libradas a la voluntad de un solo individuo -Marcelo Rodríguez- que se adjudica la representación de sectores de incumbencia”.
Causa penal
Ante las circunstancias denunciadas por ACUMAR, por la posible comisión de delitos de orden público, Armella ordenó obtener copia de las piezas probatorias correspondientes y girarlas a la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con competencia territorial en la localidad de Lanús que por turno corresponda, “para que se investigue la posible responsabilidad penal que le pudiera caber a las personas que realizan las actividades irregulares -basural y desarmadero clandestino, cría ilegal de animales, intrusiones ilegales, amenazas, agresiones al personal de seguridad y al personal civil que trabaja en la zona, y demás-, en el objetivo en tratamiento”.
La medida fue dispuesta en el marco de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza” (por contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo), delegada por la Corte Suprema de Justicia a aquel juzgado.
En concreto, el magistrado solicitó a ACUMAR que, en 30 días, presente “una solución única, sustentable, viable, perdurable en el tiempo y que contenga la realización de todos los estudios y acciones que dictaminen el caudal de efluentes y toda otra circunstancia de interés, para implementar finalmente la solución integral de la cuestión industrial curtidora del partido de Lanús y sus alrededores, esto es, la puesta en marcha de la planta ACUBA”.
El predio es de propiedad de la provincia de Buenos Aires y está destinado a la implementación de una planta regional de tratamiento de residuos industriales, en donde deben ser trasladadas todas las curtiembres de Lanús.
Una vez cumplido aquel requerimiento, Armella le pidió a ACUMAR que notifique a cada una de las empresas abarcadas por el “proyecto ACUBA” que en lo sucesivo deberán adecuarse a lo decidido y agregar en sus emprendimientos el gasto necesario para la protección del ambiente y ejecutar las medidas necesarias para el saneamiento ambiental, y que acelere “notoriamente” las inspecciones sobre industrias no incluidas en el proyecto, para determinar si son susceptibles de ser declaradas o no agentes contaminantes.
En tanto, el juez intimó al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, para que “arbitre los medios suficientes para que las fuerzas de seguridad de la misma provean inmediatamente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la atención de las medidas de seguridad que resulten menester en el marco de la ejecución de los propósitos que el ‘Plan ACUBA’ requiere; debiéndose proteger todo el predio y evitando toda situación obstaculizadora de las obras y acciones, a través del apoyo logístico y de prevención que los Organismos de Seguridad de esa Provincia deben brindar, con la afectación de los recursos humanos y materiales acordes”.
Asimismo, sostuvo, corresponde ampliar dicho requerimiento para todas las medias y acciones que se adopten en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, en virtud de los esfuerzos necesarios y conducentes para el logro del fin último e impostergable, ordenado por nuestro Máximo Tribunal”.
En la resolución, Armella destacó la presentación realizada por ACUMAR, donde relató que, en mayo último, inspectores se hicieron presente en la obra para constatar los trabajos que se estaban realizando (construcción de un muro perimetral), oportunidad en la que un grupo de vecinos, encabezados por el Sr. Marcelo Rodríguez, los increpó agrediéndolos físicamente.
Añadió ACUMAR que la contratista no ha podido comenzar con una serie de obras, “encontrándose el avance de la obra en cuestión, librada a la voluntad de los vecinos del barrio/asentamiento ACUBA 2009, representados por el Sr. Marcelo Rodríguez, quien en diversas oportunidades ha paralizado la obra con distintos reclamos, acrecentando día a día sus pretensiones, y provocando un retraso considerable en dichas obras, que impiden a la contratista, y por ende a la Autoridad de Cuenca, cumplir con los plazos establecidos para la finalización de la obra”.
Ante ello, el magistrado dijo que “resulta intolerable que la Autoridad de Cuenca escude los continuos incumplimientos de hecho y de derecho, a través del deslinde de responsabilidades en otros organismos, o como en el caso excusando los impedimentos para el avance de la obra en cuestiones fácticas libradas a la voluntad de un solo individuo -Marcelo Rodríguez- que se adjudica la representación de sectores de incumbencia”.
Causa penal
Ante las circunstancias denunciadas por ACUMAR, por la posible comisión de delitos de orden público, Armella ordenó obtener copia de las piezas probatorias correspondientes y girarlas a la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con competencia territorial en la localidad de Lanús que por turno corresponda, “para que se investigue la posible responsabilidad penal que le pudiera caber a las personas que realizan las actividades irregulares -basural y desarmadero clandestino, cría ilegal de animales, intrusiones ilegales, amenazas, agresiones al personal de seguridad y al personal civil que trabaja en la zona, y demás-, en el objetivo en tratamiento”.
sábado, 17 de julio de 2010
Trabajos de limpieza
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se refirió a las acciones destinadas a limpiar arroyos y las márgenes del Riachuelo.
jueves, 15 de julio de 2010
Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente
Un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza, interpusieron una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobieno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
Se responsabiliza al Estado Nacional al producirse la situación denunciada sobre una vía navegable e interjurisdiccional, respecto de la cual éste tiene facultades de regulación y control, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 incisos 10 y 13 de la Constitución Nacional.
Atribuyen responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires por tener el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 124 de la Ley Fundamental.
También responsabilizan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de corribereña del Riachuelo, el que constituye, en el área de su jurisdicción, un bien de su dominio público y, además, al estar obligada a utilizar equitativa y razonablemente sus aguas y el resto de los recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sin causar perjuicio sensible a los demás corribereños, por tener su jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata y porque le corresponde preservar la flora y la fauna de su ecosistema, como reserva natural, según lo señala el art. 81 de la Constitución local.
Se responsabiliza al Estado Nacional al producirse la situación denunciada sobre una vía navegable e interjurisdiccional, respecto de la cual éste tiene facultades de regulación y control, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 incisos 10 y 13 de la Constitución Nacional.
Atribuyen responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires por tener el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 124 de la Ley Fundamental.
También responsabilizan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de corribereña del Riachuelo, el que constituye, en el área de su jurisdicción, un bien de su dominio público y, además, al estar obligada a utilizar equitativa y razonablemente sus aguas y el resto de los recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sin causar perjuicio sensible a los demás corribereños, por tener su jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata y porque le corresponde preservar la flora y la fauna de su ecosistema, como reserva natural, según lo señala el art. 81 de la Constitución local.
Incumplimientos a dos años de la corte
En Julio se cumplió el segundo aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó al Estado Nacional, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires a realizar el saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo. En ese lapso sólo se inspeccionaron el 29% de las industrias. Se pide la aplicación de sanciones.
Las obligaciones impuestas a las autoridades por el alto tribunal se encuentran en su mayor parte incumplidas, destacándose: la falta de control de las industrias radicadas en la cuenca, la no realización de mediciones sobre la calidad del aire, la carencia de un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como lo ordenada la Corte en su fallo.
Lo cierto es que la problemática del saneamiento del Riachuelo arrastra graves incumplimientos y promesas vacías de parte de los distintos gobiernos de turno. Según indican desde la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales (FARN) “sólo se ha iniciado el saneamiento del 15% de los más de 230 basurales existentes en la cuenca y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática”.
Tampoco se adoptaron medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Por último no se ha dado inicio a la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud.
“Más allá de la valoración negativa que realizamos sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema, no debemos perder de vista que lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación del Riachuelo, lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte. La sentencia permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en donde nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación", explica Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo de FARN.
Por otra parte, indican que tampoco se han desarrollado acciones tendientes a promover la participación y el involucramiento de la ciudadanía en el saneamiento de la cuenca. En este orden de ideas, la ley N° 26.168, sancionada en el año 2006, dispuso la creación de una “Comisión de Participación Social”, que debía integrarse por organizaciones con intereses en el área y que cuenta con funciones consultivas, la cual nunca fue convocada y evidencia el absoluto desinterés por parte del organismo de cuenca en este aspecto.
Frente a este escenario, desde FARN explican que “la multiplicidad de incumplimientos acumulados durante los dos últimos años nos indica que ha llegado la hora de aplicar las multas previstas por la Corte a los máximos responsables de la ACUMAR, cuestión que ha sido reclamada en más de una decena de oportunidades por el Cuerpo Colegiado”.
“La intervención de la Corte nos ha colocado ante una oportunidad histórica para revertir la crítica situación en que se encuentra la Cuenca Matanza – Riachuelo, y mejorar las condiciones de vida de casi dos millones de habitantes que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación. Pero ello no será posible hasta tanto no se ponga en marcha una verdadera política de Estado, algo que a dos años del histórico fallo todavía reclama su presencia", sostiene María Eugenia Di Paola; Directora Ejecutiva de FARN.
Las obligaciones impuestas a las autoridades por el alto tribunal se encuentran en su mayor parte incumplidas, destacándose: la falta de control de las industrias radicadas en la cuenca, la no realización de mediciones sobre la calidad del aire, la carencia de un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como lo ordenada la Corte en su fallo.
Lo cierto es que la problemática del saneamiento del Riachuelo arrastra graves incumplimientos y promesas vacías de parte de los distintos gobiernos de turno. Según indican desde la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales (FARN) “sólo se ha iniciado el saneamiento del 15% de los más de 230 basurales existentes en la cuenca y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática”.
Tampoco se adoptaron medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Por último no se ha dado inicio a la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud.
“Más allá de la valoración negativa que realizamos sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema, no debemos perder de vista que lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación del Riachuelo, lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte. La sentencia permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en donde nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación", explica Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo de FARN.
Por otra parte, indican que tampoco se han desarrollado acciones tendientes a promover la participación y el involucramiento de la ciudadanía en el saneamiento de la cuenca. En este orden de ideas, la ley N° 26.168, sancionada en el año 2006, dispuso la creación de una “Comisión de Participación Social”, que debía integrarse por organizaciones con intereses en el área y que cuenta con funciones consultivas, la cual nunca fue convocada y evidencia el absoluto desinterés por parte del organismo de cuenca en este aspecto.
Frente a este escenario, desde FARN explican que “la multiplicidad de incumplimientos acumulados durante los dos últimos años nos indica que ha llegado la hora de aplicar las multas previstas por la Corte a los máximos responsables de la ACUMAR, cuestión que ha sido reclamada en más de una decena de oportunidades por el Cuerpo Colegiado”.
“La intervención de la Corte nos ha colocado ante una oportunidad histórica para revertir la crítica situación en que se encuentra la Cuenca Matanza – Riachuelo, y mejorar las condiciones de vida de casi dos millones de habitantes que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación. Pero ello no será posible hasta tanto no se ponga en marcha una verdadera política de Estado, algo que a dos años del histórico fallo todavía reclama su presencia", sostiene María Eugenia Di Paola; Directora Ejecutiva de FARN.
martes, 13 de julio de 2010
Justicia busca asegurar fondos y reforzar la seguridad
A través de una resolución, dictada este jueves, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, pidió al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) presentar un informe sobre los presupuestos proyectados para el próximo año.
La medida busca “no sólo tener efectivo control, sin también prever con suficiente antelación las cuestiones económico-financieras para afrontar las erogaciones indispensables para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que involucra la remediación de toda la Cuenca Matanza Riachuelo durante el año 2011”.
La exigencia deberá ser cumplida en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicar multas a quienes resulten responsables, ello de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Mendoza”, en donde ordenó llevar adelante un plan de saneamiento integral en la cuenca Matanza Riachuelo y cuya ejecución dejó en manos del Juzgado Federal de Quilmes.
En su resolución, el magistrado destacó que el deber de aseguramiento económico-financiero “no conlleva la forma en que deben asegurarse los fondos presupuestarios, sino la certeza de su existencia con la suficiente y adecuada antelación conforme el grado de previsibilidad que exige esta ejecución”.
Así, lo dispuesto “tiene en miras como objetivo final que la Autoridad de Cuenca cuente con los elementos necesarios e indispensables -que por supuesto y a todas luces incluye a los financieros- para la implementación fáctica de las obras y acciones que -en forma directa o indirecta- se deben realizar en cumplimiento de los objetivos del fallo en ejecución”, añadió.
Fuerzas de seguridad
Además, Armella requirió a los tres estados y a ACUMAR articular y coordinar las medias necesarias para que las fuerzas de seguridad, según su jurisdicción, tengan “presencia efectiva” en la cuenca, a los fines de llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el aseguramiento y prevención de todas las medidas ejecutadas en el marco del fallo “Mendoza”.
“Teniendo en cuenta las diversas presentaciones realizadas por la Autoridad de Cuenca, como así también por la Municipalidad de Avellaneda, toda vez que el requerimiento del uso de la fuerza pública recae principalmente sobre predios intrusados, asentamientos precarios, nudos viales y en zonas socialmente conflictivas, y teniendo en cuenta antecedentes de intrusiones, se hace indispensable que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provean a la Autoridad de Cuenca la colaboración en materia de seguridad y prevención, que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos, debiéndose prevenir intrusiones y/o destrozos, y proteger las áreas recuperadas, como ser basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás”, indicó el magistrado.
Agregó que “la intervención de dichas fuerzas de seguridad deberá ampliarse para la ejecución de todos los objetivos a cumplirse, toda vez que resulta necesario el apoyo logístico y de prevención que esos organismos deben brindar, conforme su competencia y espíritu”.
En particular, el magistrado dijo que “no deben obviarse algunos casos puntuales que requieren una participación activa por parte de las mencionadas fuerzas, como ser el Polo Petroquímico Dock Sud, el asentamiento ubicado en zona baja de la cuenca Matanza-Riachuelo, al sur de Buenos Aires conocido como ‘Villa Inflamable’, y el predio denominado ACUBA, zonas ambiental y socialmente conflictivas”.
La medida busca “no sólo tener efectivo control, sin también prever con suficiente antelación las cuestiones económico-financieras para afrontar las erogaciones indispensables para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que involucra la remediación de toda la Cuenca Matanza Riachuelo durante el año 2011”.
La exigencia deberá ser cumplida en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicar multas a quienes resulten responsables, ello de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Mendoza”, en donde ordenó llevar adelante un plan de saneamiento integral en la cuenca Matanza Riachuelo y cuya ejecución dejó en manos del Juzgado Federal de Quilmes.
En su resolución, el magistrado destacó que el deber de aseguramiento económico-financiero “no conlleva la forma en que deben asegurarse los fondos presupuestarios, sino la certeza de su existencia con la suficiente y adecuada antelación conforme el grado de previsibilidad que exige esta ejecución”.
Así, lo dispuesto “tiene en miras como objetivo final que la Autoridad de Cuenca cuente con los elementos necesarios e indispensables -que por supuesto y a todas luces incluye a los financieros- para la implementación fáctica de las obras y acciones que -en forma directa o indirecta- se deben realizar en cumplimiento de los objetivos del fallo en ejecución”, añadió.
Fuerzas de seguridad
Además, Armella requirió a los tres estados y a ACUMAR articular y coordinar las medias necesarias para que las fuerzas de seguridad, según su jurisdicción, tengan “presencia efectiva” en la cuenca, a los fines de llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el aseguramiento y prevención de todas las medidas ejecutadas en el marco del fallo “Mendoza”.
“Teniendo en cuenta las diversas presentaciones realizadas por la Autoridad de Cuenca, como así también por la Municipalidad de Avellaneda, toda vez que el requerimiento del uso de la fuerza pública recae principalmente sobre predios intrusados, asentamientos precarios, nudos viales y en zonas socialmente conflictivas, y teniendo en cuenta antecedentes de intrusiones, se hace indispensable que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provean a la Autoridad de Cuenca la colaboración en materia de seguridad y prevención, que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos, debiéndose prevenir intrusiones y/o destrozos, y proteger las áreas recuperadas, como ser basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás”, indicó el magistrado.
Agregó que “la intervención de dichas fuerzas de seguridad deberá ampliarse para la ejecución de todos los objetivos a cumplirse, toda vez que resulta necesario el apoyo logístico y de prevención que esos organismos deben brindar, conforme su competencia y espíritu”.
En particular, el magistrado dijo que “no deben obviarse algunos casos puntuales que requieren una participación activa por parte de las mencionadas fuerzas, como ser el Polo Petroquímico Dock Sud, el asentamiento ubicado en zona baja de la cuenca Matanza-Riachuelo, al sur de Buenos Aires conocido como ‘Villa Inflamable’, y el predio denominado ACUBA, zonas ambiental y socialmente conflictivas”.
domingo, 11 de julio de 2010
Una mega irresponsabilidad social
Resulta imperioso que se haga público el listado de las 65 empresas responsables del 80 % de la descarga de efluentes industriales al "río" que cita el P.G.A. (AR - 0136) el cual les otorgaba un plazo de 4 años para disminuir y controlar la contaminación industrial, con un crédito especial. Plazo que se venció, y nadie se hace cargo. Muchos vecinos de la Cuenca, mueren de lo mismo de lo que viven.
Lindante a La Boca, y cruzando el Riachuelo, en Dock Sud, se encuentra el muy peligroso polo petroquímico, iniciado en 1920, donde 50 empresas se agolpan en 260 hectáreas. Refinerías de petróleo, plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados, plantas de recepción y almacenaje de productos químicos, planta de coque, central termoeléctrica, industrias de procesos, empresas de transporte, amarres, areneras, estaciones de servicio, un puerto con movimiento anual de 2700 buques y puentes de acceso con un movimiento automotor promedio de 5500 vehículos diarios.
Un importante accidente ígneo en este polo petroquímico haría desaparecer la ciudad de Avellaneda, parte de la Ciudad de Buenos Aires y los "afortunados sobrevivientes" maldecirían el aire hipercontaminado que deberían respirar.
Esta impresionante combinación hace de este rincón una de las áreas estratégicas más vulnerables de nuestro país desde el punto de vista de seguridad nacional, y con los mayores índices de contaminación del aire, cada tanto las nubes tóxicas provocadas por accidentes químicos obligan a desalojar a alumnos de las escuelas del lugar y muchos vecinos, en particular niños, están sufriendo serias enfermedades, registrándose nacimientos con malformaciones congénitas.
Nuestro "río" nos horroriza, ya no sirve para alimentar, ni para recrear, entretener o refrescar a quienes habitan en sus orillas, solo sirve para envenenarlos.
Lindante a La Boca, y cruzando el Riachuelo, en Dock Sud, se encuentra el muy peligroso polo petroquímico, iniciado en 1920, donde 50 empresas se agolpan en 260 hectáreas. Refinerías de petróleo, plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados, plantas de recepción y almacenaje de productos químicos, planta de coque, central termoeléctrica, industrias de procesos, empresas de transporte, amarres, areneras, estaciones de servicio, un puerto con movimiento anual de 2700 buques y puentes de acceso con un movimiento automotor promedio de 5500 vehículos diarios.
Un importante accidente ígneo en este polo petroquímico haría desaparecer la ciudad de Avellaneda, parte de la Ciudad de Buenos Aires y los "afortunados sobrevivientes" maldecirían el aire hipercontaminado que deberían respirar.
Esta impresionante combinación hace de este rincón una de las áreas estratégicas más vulnerables de nuestro país desde el punto de vista de seguridad nacional, y con los mayores índices de contaminación del aire, cada tanto las nubes tóxicas provocadas por accidentes químicos obligan a desalojar a alumnos de las escuelas del lugar y muchos vecinos, en particular niños, están sufriendo serias enfermedades, registrándose nacimientos con malformaciones congénitas.
Nuestro "río" nos horroriza, ya no sirve para alimentar, ni para recrear, entretener o refrescar a quienes habitan en sus orillas, solo sirve para envenenarlos.
sábado, 10 de julio de 2010
La contaminación del Riachuelo, a salvo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) incumplió las indicaciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia respecto de la recuperación y limpieza del curso de agua. El cuerpo colegiado conformado tras el fallo del máximo tribunal de Justicia, que fue emitido hace 19 meses, cuestionó la "ineficiencia" demostrada por la ACUMAR por considerar que no registró "avances significativos" en su rol.
"A más de tres años de presentado el Plan, todavía no contamos con indicadores que nos permitan medir los avances de gestión. Es vergonzoso que aún los estén planificando", declaró Consuelo Bilbao, integrante de la Unidad Política de Greenpeace.
La organización ecologista integra el Cuerpo Colegiado, establecido por la Corte Suprema, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"A más de tres años de presentado el Plan, todavía no contamos con indicadores que nos permitan medir los avances de gestión. Es vergonzoso que aún los estén planificando", declaró Consuelo Bilbao, integrante de la Unidad Política de Greenpeace.
La organización ecologista integra el Cuerpo Colegiado, establecido por la Corte Suprema, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
jueves, 8 de julio de 2010
Para el Riachuelo, un puente escenográfico
Es una obra que luce espectacular, pero sus atributos son inútiles. Su forma estructural general es falsa, ya que no cumple ninguna función de soporte. Se puede hacer una obra llamativa sin ocultar su verdadera esencia.
De lo que se ha dado a conocer del proyecto del nuevo puente sobre el Riachuelo, sobresale su fuerte e impactante imagen, monumental y emblemática, que funciona a primera vista como ícono de valores como el progreso y la modernidad. Esto es bienvenido, ya que las obras públicas y sobre todo las ubicadas en lugares clave, desde el punto de vista turístico, tienen un doble rol, por un lado el funcional, y por otro el comunicacional y simbólico.
Sobran ejemplos que ilustran las postales de las capitales del mundo. En la ciudad de Buenos Aires, tenemos al Planetario, nuestro Obelisco, y el más reciente Puente de la Mujer en Puerto Madero, entre otros.
La función del Nuevo Puente sobre el Riachuelo es, obviamente, la de servir de nexo entre ambas márgenes, pero su elaborada e impactante imagen, que transmite sin duda un mensaje simbólico, encierra ciertas contradicciones. La forma estructural general es falsa, ya que no cumple ninguna función de soporte; cuenta además con tensores falsos, que no sostienen nada excepto una escenografía de progreso y modernidad. Se trata de una obra que luce espectacular, justamente por sus atributos inútiles, la que podría convertirse en símbolo de esa inutilidad. La particular y llamativa forma curva esta diseñada en contra de la lógica estructural, ya que los arcos deben apoyarse en sus extremos para servir de sostén. En este caso extraño, los arcos quedan suspendidos en el aire, sin poder ejercer su función de sostén. Dada esta configuración, es más posible que la plataforma del puente sea la que sostenga toda la superestructura escenográfica de arcos y tensores, que a la inversa. Además, los tensores verticales, que deberían permanecer tensos para sostener el puente, en realidad tenderán a aflojarse ante las naturales deformaciones que sufrirá la estructura durante el uso. Esto obligará a un sobredimensionado físico y económico, para poder sostener el conjunto, a pesar de su forma caprichosa. Por esta razón, podría constituirse en un símbolo del despilfarro de recursos públicos, de ostentación innecesaria, o de simple irracionalidad. El color de la pintura contiene un mensaje inequívoco, aunque cuestionable: se trata de una obra de Mauricio Macri.
Toda la idea es evidentemente producto de la toma de decisiones desconectadas de las artes y ciencias de la ingeniería y la arquitectura, cuya principal función es la de realizar mejoras en el hábitat aumentando la calidad de vida de los habitantes.
El problema parece estar originado en una disociación entre la imagen y la realidad. Como si para lograr una obra impactante fuera necesario ocultar la verdadera esencia, o disfrazarla de otra cosa. Quizás este sea un problema más amplio de nuestra sociedad, que sobrevalora las apariencias por sobre la realidad, a tal punto que muchas de las acciones de gobierno operan más sobre las sensaciones que la ciudadanía tiene de la realidad, que sobre la realidad misma.
La buena noticia es que es posible diseñar una obra espectacular, llamativa, y además que sea esencialmente verdadera al mismo tiempo. Solo se requiere convocar a la inteligencia y habilidades profesionales, que sobran en la Argentina.
Así como las elecciones son la mejor manera de seleccionar a los gobernantes, y las licitaciones públicas son el mecanismo apropiado para garantizar la mejor oferta económica, los concursos de proyectos son la mejor manera de tomar las decisiones de diseño que determinan la evolución de nuestra ciudad, y su identidad cultural en una sociedad democrática.
De lo que se ha dado a conocer del proyecto del nuevo puente sobre el Riachuelo, sobresale su fuerte e impactante imagen, monumental y emblemática, que funciona a primera vista como ícono de valores como el progreso y la modernidad. Esto es bienvenido, ya que las obras públicas y sobre todo las ubicadas en lugares clave, desde el punto de vista turístico, tienen un doble rol, por un lado el funcional, y por otro el comunicacional y simbólico.
Sobran ejemplos que ilustran las postales de las capitales del mundo. En la ciudad de Buenos Aires, tenemos al Planetario, nuestro Obelisco, y el más reciente Puente de la Mujer en Puerto Madero, entre otros.
La función del Nuevo Puente sobre el Riachuelo es, obviamente, la de servir de nexo entre ambas márgenes, pero su elaborada e impactante imagen, que transmite sin duda un mensaje simbólico, encierra ciertas contradicciones. La forma estructural general es falsa, ya que no cumple ninguna función de soporte; cuenta además con tensores falsos, que no sostienen nada excepto una escenografía de progreso y modernidad. Se trata de una obra que luce espectacular, justamente por sus atributos inútiles, la que podría convertirse en símbolo de esa inutilidad. La particular y llamativa forma curva esta diseñada en contra de la lógica estructural, ya que los arcos deben apoyarse en sus extremos para servir de sostén. En este caso extraño, los arcos quedan suspendidos en el aire, sin poder ejercer su función de sostén. Dada esta configuración, es más posible que la plataforma del puente sea la que sostenga toda la superestructura escenográfica de arcos y tensores, que a la inversa. Además, los tensores verticales, que deberían permanecer tensos para sostener el puente, en realidad tenderán a aflojarse ante las naturales deformaciones que sufrirá la estructura durante el uso. Esto obligará a un sobredimensionado físico y económico, para poder sostener el conjunto, a pesar de su forma caprichosa. Por esta razón, podría constituirse en un símbolo del despilfarro de recursos públicos, de ostentación innecesaria, o de simple irracionalidad. El color de la pintura contiene un mensaje inequívoco, aunque cuestionable: se trata de una obra de Mauricio Macri.
Toda la idea es evidentemente producto de la toma de decisiones desconectadas de las artes y ciencias de la ingeniería y la arquitectura, cuya principal función es la de realizar mejoras en el hábitat aumentando la calidad de vida de los habitantes.
El problema parece estar originado en una disociación entre la imagen y la realidad. Como si para lograr una obra impactante fuera necesario ocultar la verdadera esencia, o disfrazarla de otra cosa. Quizás este sea un problema más amplio de nuestra sociedad, que sobrevalora las apariencias por sobre la realidad, a tal punto que muchas de las acciones de gobierno operan más sobre las sensaciones que la ciudadanía tiene de la realidad, que sobre la realidad misma.
La buena noticia es que es posible diseñar una obra espectacular, llamativa, y además que sea esencialmente verdadera al mismo tiempo. Solo se requiere convocar a la inteligencia y habilidades profesionales, que sobran en la Argentina.
Así como las elecciones son la mejor manera de seleccionar a los gobernantes, y las licitaciones públicas son el mecanismo apropiado para garantizar la mejor oferta económica, los concursos de proyectos son la mejor manera de tomar las decisiones de diseño que determinan la evolución de nuestra ciudad, y su identidad cultural en una sociedad democrática.
martes, 6 de julio de 2010
Intiman a ACUMAR a agilizar los procedimientos de control sobre las industrias
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a dictar un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.
Fue a partir de un caso, en donde desde la toma de muestras en el control a una empresa y hasta la elevación de las actuaciones a la dirección correspondiente transcurrieron más de seis meses, “evidenciando una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de las declaraciones de agente contaminante, y consecuentemente un retraso en las presentaciones de los Programas de Reconversión Industrial… cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos), previniendo los eventuales daños que la actividad pudiere generar”, aseguró el magistrado.
Fue a partir de un caso, en donde desde la toma de muestras en el control a una empresa y hasta la elevación de las actuaciones a la dirección correspondiente transcurrieron más de seis meses, “evidenciando una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de las declaraciones de agente contaminante, y consecuentemente un retraso en las presentaciones de los Programas de Reconversión Industrial… cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos), previniendo los eventuales daños que la actividad pudiere generar”, aseguró el magistrado.
lunes, 5 de julio de 2010
Riachuelo.
A continuación verán un video que presentara los siguientes temas con respecto al riachuelo:
- Las promesas incumplidas
- El fallo de la corte
- Una cronología de los inicios del riachuelo y las primeras medidas que se tomaron para la limpieza del mismo.
Para poder ver el video haz clic en el siguiente link
http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/item.asp?m=15
- Las promesas incumplidas
- El fallo de la corte
- Una cronología de los inicios del riachuelo y las primeras medidas que se tomaron para la limpieza del mismo.
Para poder ver el video haz clic en el siguiente link
http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/item.asp?m=15
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