Incumplimientos a dos años de la corte

En Julio se cumplió el segundo aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó al Estado Nacional, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires a realizar el saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo. En ese lapso sólo se inspeccionaron el 29% de las industrias. Se pide la aplicación de sanciones.
Las obligaciones impuestas a las autoridades por el alto tribunal se encuentran en su mayor parte incumplidas, destacándose: la falta de control de las industrias radicadas en la cuenca, la no realización de mediciones sobre la calidad del aire, la carencia de un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como lo ordenada la Corte en su fallo.
Lo cierto es que la problemática del saneamiento del Riachuelo arrastra graves incumplimientos y promesas vacías de parte de los distintos gobiernos de turno. Según indican desde la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales (FARN) “sólo se ha iniciado el saneamiento del 15% de los más de 230 basurales existentes en la cuenca y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática”.
Tampoco se adoptaron medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Por último no se ha dado inicio a la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud.
“Más allá de la valoración negativa que realizamos sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema, no debemos perder de vista que lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación del Riachuelo, lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte. La sentencia permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en donde nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación", explica Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo de FARN.
Por otra parte, indican que tampoco se han desarrollado acciones tendientes a promover la participación y el involucramiento de la ciudadanía en el saneamiento de la cuenca. En este orden de ideas, la ley N° 26.168, sancionada en el año 2006, dispuso la creación de una “Comisión de Participación Social”, que debía integrarse por organizaciones con intereses en el área y que cuenta con funciones consultivas, la cual nunca fue convocada y evidencia el absoluto desinterés por parte del organismo de cuenca en este aspecto.
Frente a este escenario, desde FARN explican que “la multiplicidad de incumplimientos acumulados durante los dos últimos años nos indica que ha llegado la hora de aplicar las multas previstas por la Corte a los máximos responsables de la ACUMAR, cuestión que ha sido reclamada en más de una decena de oportunidades por el Cuerpo Colegiado”.
“La intervención de la Corte nos ha colocado ante una oportunidad histórica para revertir la crítica situación en que se encuentra la Cuenca Matanza – Riachuelo, y mejorar las condiciones de vida de casi dos millones de habitantes que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación. Pero ello no será posible hasta tanto no se ponga en marcha una verdadera política de Estado, algo que a dos años del histórico fallo todavía reclama su presencia", sostiene María Eugenia Di Paola; Directora Ejecutiva de FARN.