Lo dispuso el juez federal de Quilmes. Alcanza a barcos en desuso y los que interfieran el saneamiento de la cuenca. La obligación recae sobre ACUMAR, el Estado nacional y los gobiernos bonaerense y porteño, bajo pena de multas a funcionarios responsables.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, ordenó la remoción, traslado, desguace u otra actividad necesaria de todas y cada uno de las embarcaciones que se encuentren en el curso de agua de la cuenca, y la adopción de todas la medidas necesarias para paralizar, modificar o erradicar cualquier otra actividad que obstaculice la labor de saneamiento necesaria.
La obligación, que deberá cumplirse en el término de dos meses, recae sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Prefectura Naval Argentina y los Estados de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello, bajo pena de aplicar multas a los funcionarios responsables.
La medida fue dictada en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mendoza”, donde en el año 2008 ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de aquella cuenca hídrica y dejó en manos del Juzgado Federal de Quilmes la ejecución de esa sentencia.
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