En una época, se suponía que los jueces estaban allí para hacer cumplir las leyes. Podía discutirse si un magistrado había apreciado correctamente la prueba (lo que sólo se planteaba entre los litigantes de un caso concreto) o si su interpretación de la ley era la más adecuada (lo que generaba debates más amplios en la prensa especializada), pero las leyes estaban allí, en los códigos, para que cualquiera pudiera comparar la norma con la realidad y determinar si un juez se había apartado groseramente de ella.
Por varias razones históricas, entre las que se cuenta el hastío de muchos frente a acciones u omisiones legislativas que consideraron injustas, esta situación ha cambiado. Se reclama a los jueces que, por encima de la ley, apliquen los principios de justicia. Este reclamo se formula de buena fe, pero entraña una imposibilidad práctica. No porque las sentencias no puedan ser más o menos justas, sino porque los principios, aunque figuren en cláusulas constitucionales y en tratados internacionales, se hallan enunciados de modo tan genérico que, más que "estar ahí", dependen de la apreciación subjetiva de quien las lee e interpreta frente a un caso concreto. ¿Ha de autorizarse el aborto terapéutico para preservar la salud de la madre (y, acaso, también para garantizar la autonomía de la mujer)? ¿Ha de rechazarse, porque la vida del feto debe preservarse antes que nada? Muchos hablan de ponderar (pesar, comparar) los principios en juego, pero nadie ha sido capaz de construir la balanza y el sistema de pesas y medidas que permitan ejercer esa actividad de manera objetiva.
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